El entorno de Yoo Hae-jin responderá con firmeza a las amenazas por «Asesino(s)»; el día 5, el ministro Choi Hwi-young pide aplicar la ley con rigor

Las críticas a la obra degeneran en una caza de brujas ciega que ha cruzado todos los límites

La polémica por la supuesta distorsión histórica en torno a la película «Asesino(s)» se ha extendido hasta convertirse en un boicot masivo contra su protagonista, Yoo Hae-jin, y en una protesta ante su domicilio. Ante esta situación, su agencia y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Choi Hwi-young, advirtieron el día 5 de que se aplicará la ley con firmeza contra las amenazas a su seguridad.

La agencia de Yoo Hae-jin, VAST Entertainment, expresó el día 5 una postura tajante a través de sus redes sociales oficiales: «Consideramos extremadamente graves todas las acciones que invadan la vida privada del actor, amenacen su seguridad o dañen su reputación». La empresa subrayó que está recopilando de forma constante publicaciones relacionadas con las difamaciones infundadas y los ataques personales maliciosos que circulan, sobre todo, en comunidades en línea, y que emprenderá todas las acciones legales posibles.

El origen de esta respuesta contundente se encuentra en la transformación de la polémica sobre la interpretación ideológica e histórica de «Asesino(s)» en una caza de brujas contra su protagonista. En internet se suceden el boicot a una conocida cadena de comida rápida que tenía a Yoo Hae-jin como imagen y una cadena de vídeos que certifican la baja de sus aplicaciones. Fuera de la red, el pasado día 4 varios miembros de grupos de tendencia conservadora celebraron una concentración ante el domicilio de Yoo Hae-jin, situado en el distrito de Seongbuk, en Seúl, para exigir que se suspendiera la exhibición y que el actor ofreciera una disculpa pública.

La preocupación también crece en el conjunto del sector cinematográfico. La Alianza de Cineastas expresó ese mismo día, en un comunicado oficial, «nuestra profunda preocupación por la situación actual, en la que el debate en torno a una obra está afectando incluso a la vida cotidiana y la seguridad de las personas que participaron en ella». La organización señaló que la crítica y el debate son posibles, pero trazó una línea roja ante cualquier extensión al ámbito privado o amenaza contra la seguridad, y añadió: «El juicio definitivo sobre una obra corresponde exclusivamente al público y a la sociedad».

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno también intervino. El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Choi Hwi-young, afirmó el día 5 en sus redes sociales: «Hoy he pedido firmemente a la Policía Nacional y a las autoridades competentes que adopten medidas de seguridad para los responsables y los actores de la película, así como que apliquen la ley con rigor contra los actos ilegales, incluidas las amenazas y la intimidación ante sus domicilios».

El ministro Choi criticó duramente la situación: «La valoración de una película es libre, pero amenazar la seguridad de sus creadores supone destruir la democracia». Y añadió: «No se puede tolerar en ningún caso que se llegue hasta el domicilio de los actores para manifestarse e invadir su vida cotidiana». Sobre las exigencias de suspender la exhibición, subrayó que «pedir al Gobierno que intervenga de antemano es una demanda peligrosa que pretende devolvernos a la época de la “censura previa”, prohibida por la Constitución», y sostuvo que, si existen problemas legales como la difamación, debe solicitarse el pronunciamiento del poder judicial. No obstante, marcó distancias al señalar que «es natural y saludable en una sociedad democrática que surjan críticas y debates sobre la interpretación histórica».